Lo que vi (y lo que no) en la OEA 2025

Del 24 al 26 de junio, la Organización de Estados Americanos celebró su 55ª Asamblea General en St. John’s, Antigua y Barbuda. A simple vista, el evento parecía una oportunidad para debatir los temas más urgentes del continente. Pero para quienes asistimos con la esperanza de ver representados valores fundamentales como la vida, la familia y la libertad de conciencia, el balance fue sobrio: mucha forma, poca sustancia.

Los temas verdaderamente abiertos a discusión en esta edición fueron escasos. Las únicas cuestiones que realmente se debatieron fueron la situación en Haití y los procedimientos sobre credenciales. La mayoría de las resoluciones ya estaban acordadas de antemano en Washington D.C., lo que dejó poco margen para intervenciones genuinas. Esta estructura de toma de decisiones, centralizada y poco transparente, vacía de contenido a la Asamblea General como espacio de deliberación continental.

Esto fue evidente en la forma en que se trató —o más bien no se trató— temas de la agenda relacionada con la defensa de la vida, la familia o la libertad. No es que no se mencionaran en absoluto, pero esas menciones fueron marginales, sin seguimiento político ni eco en los comunicados oficiales.

Uno de los pocos espacios donde estos temas encontraron voz fue el Diálogo de la Sociedad Civil, celebrado el 25 de junio. Participamos con representantes de más de una decena de coaliciones de toda América. Desde nuestra posición, advertimos que “no hay desarrollo sostenible si se niega el derecho a la vida; no hay inclusión auténtica si se excluye a la familia natural; no hay resiliencia si se persigue la libertad de conciencia”. Nuestra intervención propuso tres acciones concretas: 1) incluir la protección del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural en las políticas públicas; 2) fortalecer el rol de la familia como actor económico y social; y 3) garantizar la plena libertad de conciencia y expresión, incluyendo la objeción de conciencia en contextos médicos, educativos y laborales.

Los diálogos con la sociedad civil se llevaron a cabo en la Flex Room de la Universidad Americana de Antigua.

En contraste, otras coaliciones hicieron intervenciones que reflejan una visión ideológica cada vez más dominante. La Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres en las Américas, representada por María José Corvalán (ADEM), afirmó que “los derechos sexuales y reproductivos están bajo ataque por sectores fundamentalistas” y exigió avanzar hacia “el aborto legal y seguro” como base de inclusión. De forma similar, la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos, en voz de Rocío Pilar García Garro (Católicas por el Derecho a Decidir), pidió que los estados adopten las recomendaciones de la OMS sobre despenalización total del aborto.

Es evidente que ciertos marcos ideológicos —la ideología de género, la legalización del aborto o del trabajo sexual, o los llamados “enfoques transformadores”— son tratados como consensos dentro del foro, cuando en realidad dividen profundamente a nuestras sociedades. Un ejemplo claro fue la denuncia sobre la estrategia de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Como explicó en su intervención la organización GCHR (Global Center for Human Rights), esta estrategia propone abandonar los enfoques tradicionales y adoptar una perspectiva “no binaria”, así como “garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, lo que se traduce, en términos prácticos, en presionar para la legalización del aborto y la ideologización de la salud mental infantil.

En este contexto, el silencio de muchos Estados fue ensordecedor. Países que fueron elegidos por mayorías provida y que se han presentado internacionalmente como defensores de la familia —incluyendo Argentina y Estados Unidos— no hicieron ningún pronunciamiento claro sobre estos temas durante los diálogos. De hecho, el único país que asumió con firmeza una postura clara fue Paraguay. En palabras de su delegación:

“la protección de los derechos humanos empieza por el primero de todos: el derecho a la vida desde la concepción”; (…) “quienes intentan socavar la libertad de expresión con el pretexto del discurso de odio están atentando contra la esencia de nuestros derechos”.

Victor Verdún -en medio-, en calidad de Vicecanciller de Paraguay, fue el encargado de intervenir en los diálogos con la sociedad civil.

Paraguay también fue claro al rechazar la manipulación ideológica del lenguaje de los derechos humanos: “cuando el concepto de derechos humanos se utiliza para justificar la censura, impedir el desarrollo de una vida humana en gestación, o distorsionar principios esenciales de una sociedad libre, ese concepto queda completamente vacío”.

Otro dato significativo fue la elección de Rosa María Payá como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Activista cubano-estadounidense. Payá recibió más de 20 votos, la mayor votación entre los candidatos. Su elección representa una oportunidad: por fin una voz coherente, joven y con experiencia en defensa de derechos fundamentales podrá influir desde adentro del sistema. También se eligió a Marion Bethel como comisionada. Sin embargo, quedaron dos comisionados sin poder ser elegidos porque hubo cuatro rondas de votación y no se alcanzó la mayoría suficiente para elegirse.

Rosa María Payá de derecha a izquierda y Marion Bethel, de Izquierda a derecha.

No todo fue negativo, pero el saldo general fue el de una Asamblea marcada por un desequilibrio profundo. La palabra “inclusión” se repitió una y otra vez, pero se aplicó selectivamente. La resiliencia se invocó como consigna, pero sin conectar con las verdaderas estructuras que la hacen posible: la vida humana, la familia, la libertad. Que se retiraran las vallas publicitarias de CitizenGO colocadas legalmente en Antigua antes del inicio de la Asamblea es una señal simbólica, pero elocuente. No todos los mensajes son bienvenidos.

Lo más preocupante, sin embargo, no es la censura directa. Es la consolidación de un entorno donde ciertos marcos ideológicos ya no se presentan como posturas debatibles, sino como verdades oficiales. La diversidad de ideas está en retroceso. Y cuando eso sucede, las decisiones se vacían de legitimidad.

La OEA necesita escuchar más. No solo a las ONG con grandes redes y fondos, sino también a las miles de organizaciones locales, familias y ciudadanos que no se sienten representados por esta narrativa hegemónica. El pluralismo es más que permitir que uno hable. Es incorporar esa voz a las decisiones.

Me emociona ver que haya cada día más jóvenes interesados en la causa por la vida y la familia.

Aquí me encuentro con Rocío D’Angelo de CitizenGO y Teddy Hwre y Darion Cupid, de World Youth Alliance.

Frente a todo esto, la sociedad civil no puede retirarse. Aunque la incidencia sea limitada, aunque el espacio sea acotado, la presencia importa. Porque decir las cosas como son, en voz alta, sigue siendo una forma de resistencia. Y también de responsabilidad.